El próximo martes 24 de febrero, las Comunidades Autónomas y los Ministerios de Educación y Política Social debatirán sobre la nueva orden ministerial. Hasta ahora los Ministerios de Trabajo y Asuntos Exteriores eran los que repartían ese 0.7% que se obtenía del IRPF. El Ministerio de Trabajo distribuía un 80% de lo recaudado entre las organizaciones de acción social en el Estado español, priorizando a las que trabajasen con temas sobre dependencia, familia y lucha contra la pobreza. El 20% restante era gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y se repartía entre las ONG que se dedican a la Cooperación al Desarrollo en el extranjero, siguiendo criterios similares.

Los nuevos requisitos para la concesión de las ayudas a programas son: una ejecución localizada en varias comunidades autónomas, que se rebase el interés autonómico, que sus efectos directos e indirectos se extiendan a distintas regiones. Las comunidades autónomas serán consultadas para la elaboración de la convocatoria y colaborarán en la valoración de los programas presentados. Las entidades que pidan subvenciones para programas plurianuales dirigidos a personas dependientes o en situación o riesgo de exclusión social deberán tener como mínimo diez años de existencia y el 75% de su personal con un contrato indefinido.

La Generalitat ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Constitucional mediante un conflicto de competencias contra la nueva norma del Gobierno central.